La crisis de vivienda y la despoblación no son el mismo problema, pero comparten una pregunta: hasta qué punto podemos elegir realmente dónde construir nuestra vida.
Cuando Albert Rivera planteó que “a una hora de Madrid puedes vivir con un alquiler o una propiedad más económica”, resumió – sin querer – una parte importante del problema: seguimos pensando el territorio como si la vivienda pudiera resolverse simplemente desplazando a la población.
La frase resulta interesante porque resume bastante bien una idea que reaparece cada vez que hablamos del problema de la vivienda en las grandes ciudades: si ya no puedes permitirte vivir allí, quizá deberías marcharte. Alejarte del centro, buscar una ciudad más pequeña o, en su versión más recurrente, irte a un pueblo.
Sobre el papel parece casi una ecuación sencilla. Si una vivienda cuesta menos en otro lugar, basta con desplazarse. Pero vivir en un sitio significa también tener allí un trabajo, una red familiar, amistades, cuidados, relaciones afectivas, transporte, servicios y una determinada manera de organizar la vida. Una casa puede ser considerablemente más barata a cien kilómetros y, al mismo tiempo, resultar completamente inviable para quien necesita acudir cada mañana a un hospital, un comercio, una escuela, una fábrica, un bar o cualquier otro puesto de trabajo que no cabe dentro de un ordenador.
Además, si vamos al grano, decirle a alguien que se marche porque ya no puede pagar la ciudad en la que ha construido su vida produce un desplazamiento bastante significativo del problema. Dejamos de preguntarnos por qué una persona que trabaja no puede permitirse vivir cerca del lugar donde trabaja y empezamos a preguntarnos por qué insiste en querer vivir allí. Lo que inicialmente era un problema estructural acaba convertido en una decisión individual supuestamente equivocada.
Y quizá ahí esté una de las preguntas que atraviesan todo este debate: cuánto hay realmente de elección en el lugar que habitamos. No se trata de defender el derecho abstracto a vivir exactamente donde queramos, sino de preguntarnos cuánto pesan la renta, la herencia, el empleo o la distribución de los servicios a la hora de decidirlo.
El argumento de “irse a los pueblos” contiene una segunda contradicción. Mientras el medio rural aparece desde determinados discursos urbanos como una especie de reserva de vivienda barata capaz de absorber a quienes ya no pueden pagar las grandes ciudades, muchas de las personas que viven en esos territorios, que quieren quedarse o que querrían regresar tampoco encuentran demasiadas facilidades para hacerlo.
España puede tener simultáneamente pueblos que pierden población, casas cerradas desde hace décadas y personas buscando una vivienda sin encontrarla. Tener casas vacías no significa necesariamente disponer de viviendas habitables y accesibles. Muchas necesitan rehabilitaciones que sus propietarios no pueden asumir, otras pertenecen a varias personas o familias, algunas se utilizan únicamente durante unas semanas al año, otras se destinan al alquiler vacacional y muchas simplemente no llegan nunca al mercado del alquiler o la venta.
Por eso las cifras sobre la elevada concentración de viviendas vacías en los municipios pequeños necesitan siempre algo de contexto. Puede existir un enorme parque inmobiliario sobre el papel y, al mismo tiempo, una oferta residencial extraordinariamente pequeña en la práctica.
"La acampada de la Puerta del Sol ha colocado el acceso a la vivienda en el centro de la conversación política. Y desde los territorios rurales sería un error observar esas movilizaciones como si se tratara únicamente de un problema urbanita. "
Y aquí aparece otra de las paradojas del asunto: ¿qué pasa con los que quieren quedarse en el pueblo? Desde las instituciones se habla desde hace años de fijar población, atraer jóvenes, favorecer el retorno o luchar contra la despoblación mientras, en la práctica, quien intenta quedarse o regresar puede encontrarse con rehabilitaciones costosas, falta de alquiler, trabas administrativas, dificultades para acceder a determinadas ayudas o ayuntamientos que, por su propio tamaño, apenas disponen de personal técnico para acompañar procesos que muchas veces son complejos.
Y tampoco todos los territorios rurales afrontan exactamente el mismo problema. Hay zonas donde la dificultad principal es la despoblación y la vivienda cerrada durante décadas, mientras que en otras – especialmente allí donde el turismo, la segunda residencia o la vivienda estacional tienen un peso muy alto – puede existir población que quiere vivir todo el año y, sin embargo, no encuentra una vivienda estable ni una economía que se sostenga más allá de determinadas temporadas. Hablar de “los pueblos” como una sola realidad también simplifica demasiado el problema.
Pero incluso cuando la vivienda existe, quedarse no siempre depende únicamente de encontrar una casa. Durante décadas hemos concentrado en las áreas urbanas gran parte del empleo, las universidades, las instituciones, las infraestructuras, la cultura y los servicios. Eso hace que muchas personas tengan que vivir en una ciudad aunque, si pudieran elegir en otras condiciones, preferirían desarrollar su vida en un pueblo o regresar al lugar del que proceden.
Hay personas que viven en Madrid, Valladolid, Salamanca o cualquier otra ciudad porque allí está su trabajo, su plaza de funcionario, sus estudios o determinados servicios, no necesariamente porque sea allí donde querrían vivir. Una persona puede preferir una vida en un municipio pequeño y, aun así, presentarse a unas oposiciones cuyas plazas se concentran en capitales; puede querer regresar al pueblo de su familia y descubrir que su profesión apenas tiene recorrido allí. Si determinados empleos, servicios públicos, empresas y oportunidades profesionales apenas existen fuera de los núcleos urbanos, la elección territorial se vuelve bastante relativa: no siempre nos marchamos del pueblo porque queramos irnos, sino porque para trabajar tenemos que hacerlo.
La despoblación, por tanto, no puede explicarse únicamente como una sucesión de decisiones individuales de personas que prefirieron la ciudad. Muchas de esas decisiones se tomaron después de décadas en las que las oportunidades se fueron concentrando en determinados lugares.
Eso sí. Defender el medio rural no significa considerar que todo el mundo debería vivir en él, ni siquiera que toda persona que ha nacido en un pueblo deba permanecer allí. Haber nacido en un sitio no debería convertirse en una responsabilidad individual para garantizar su supervivencia. Hay personas que quieren marcharse. Quieren estudiar fuera, vivir en una ciudad, conocer otras formas de vida… También hay razones para marcharse que no tienen que ver directamente con el empleo o con el acceso a determinados servicios. Una de las respuestas que recibí al plantear este tema en redes decía: “Yo soy de pueblo pero al ser LGBT es difícil quedarme allí y me fui a la ciudad”. Me parece importante introducirlo porque recuerda algo que a veces se pierde cuando romantizamos la vida rural: poder vivir en un lugar no depende de encontrar una casa asequible y un trabajo. Depende de poder construir allí una vida social, afectiva y personal con cierta libertad.
Para algunas personas queer, especialmente en municipios muy pequeños, la ciudad puede ofrecer comunidad, anonimato, redes y otras formas posibles de vivir. Esto no significa asumir que lo rural sea necesariamente hostil o que las ciudades sean siempre espacios seguros. Sí obliga, en cambio, a ampliar lo que entendemos por habitabilidad: también importa qué vidas pueden desarrollarse en esos lugares y en qué condiciones.
Reconocer esas limitaciones tampoco debería llevarnos al prejuicio contrario: que marcharse a una ciudad representa necesariamente avanzar y que quedarse en un pueblo significa haber fracasado. Esa jerarquía también forma parte de la manera en la que hemos entendido el territorio durante mucho tiempo: el pueblo como el lugar del que hay que salir para estudiar, trabajar o “progresar”, y la ciudad como destino natural de cualquier proyecto de vida ambicioso.
Romper con esa idea también debería formar parte de cualquier política territorial que mire hacia el futuro. Los pueblos pueden ser lugares desde los que construir formas de vida contemporáneas, diversas y abiertas, siempre que existan las condiciones materiales y sociales para hacerlo. Eso implica vivienda y empleo, pero también cultura, espacios de encuentro, conectividad, servicios y comunidades capaces de incorporar nuevas formas de familia, identidades y maneras de vivir.
"Reducir todo el debate a Madrid frente al pueblo reproduce precisamente una de las visiones" centralizadas que deberíamos intentar cuestionar. "
Y hay jóvenes que ya están intentando imaginar precisamente eso: no volver al pueblo para reproducir exactamente la vida de generaciones anteriores, sino para abrir proyectos culturales, pequeños negocios, cooperativas, espacios colectivos o comunidades más diversas. La permanencia rural también puede ser una forma de experimentar con otras maneras de vivir y organizarse.
No se trata de idealizar un regreso al campo ni de imaginar que todos los pequeños municipios van a convertirse en comunidades perfectas. Se trata de asumir que también pueden construirse allí futuros distintos y que quedarse o volver no tiene por qué significar renunciar a las posibilidades de una vida contemporánea.
Precisamente por eso me interesa especialmente el papel de las ciudades pequeñas y las cabeceras comarcales, porque pueden ser un lugar “por donde empezar”. La discusión territorial no puede reducirse a elegir entre una gran capital y un pueblo de doscientos habitantes. Entre ambos extremos existen lugares que pueden concentrar servicios, empleo, vivienda, vida cultural y también comunidades más amplias y diversas, manteniendo al mismo tiempo una relación estrecha con el territorio rural.
Esto tampoco significa que cada pequeño municipio deba disponer de todos los servicios. Pensar el territorio en red – pueblos conectados entre sí y con cabeceras capaces de sostener sanidad, educación, cultura, comercio o administración – puede ser una forma más realista de hablar de igualdad territorial que reducir la cuestión a crecer o desaparecer.
Y debo decir que estos lugares tampoco están al margen de la crisis de vivienda. En muchos de ellos han subido los alquileres y el precio de compra y empiezan a aparecer dinámicas que hasta hace relativamente poco asociábamos principalmente con las grandes ciudades: llegada de inversión extranjera, compra de vivienda como activo, inversión y especulación también por parte de propietarios y capitales nacionales, aumento de la segunda residencia o llegada de población con una capacidad adquisitiva considerablemente superior a la de quienes trabajan allí.
Reducir todo el debate a Madrid frente al pueblo reproduce precisamente una de las visiones centralizadas que deberíamos intentar cuestionar. Hay multitud de territorios intermedios en los que se cruzan problemas distintos: pérdida de población durante décadas, dependencia de ciudades mayores para determinados servicios, escasez de vivienda disponible y, al mismo tiempo, una creciente presión inmobiliaria en aquellos núcleos que resultan bien conectados, turísticos o atractivos para invertir y vivir.
Las movilizaciones de las últimas semanas y la acampada de la Puerta del Sol han colocado el acceso a la vivienda en el centro de la conversación política. Y desde los territorios rurales sería un error observar esas movilizaciones como si se tratara únicamente de un problema urbanita.
Las situaciones no son iguales y las soluciones tampoco pueden serlo. La crisis de alquiler de un barrio del centro de Madrid no responde exactamente a los mismos mecanismos que la ausencia de vivienda disponible en un pequeño municipio de Salamanca. Tampoco es idéntica a la situación de una capital de provincia o de una cabecera comarcal donde el precio de compra y el alquiler empiezan a crecer con rapidez. Pero todas obligan a hacerse preguntas similares: quién puede vivir dónde, quién empieza a quedar fuera y qué factores están determinando esa posibilidad.
No creo que tenga demasiado sentido fragmentar el problema en grupos enfrentados. Inquilinos contra propietarios, jóvenes contra mayores, ciudad contra pueblo… La vivienda termina afectando también a quienes actualmente tienen una casa. Les afecta cuando sus hijos no pueden emanciparse, cuando su municipio pierde servicios porque desaparece población, cuando las personas que trabajan en el hospital, en el restaurante o en la residencia no consiguen encontrar un lugar donde vivir cerca de su empleo o cuando una comunidad entera empieza a transformarse porque parte de quienes la sostienen ya no pueden permanecer en ella.
La vivienda no es solamente una política de vivienda. Es también una política territorial, laboral, demográfica y de cuidados.
Y aquí creo que existe además una cuestión que cualquier política de izquierdas que aspire a ser realmente redistributiva debería incorporar con mayor profundidad. Si entendemos la vivienda como un derecho y la desigualdad como un problema estructural, la desigualdad territorial no puede quedar fuera del análisis.
Una política diseñada únicamente desde los grandes mercados urbanos tensionados puede ser progresista y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para una parte enorme del territorio. Del mismo modo, una política contra la despoblación que se limite a intentar atraer habitantes sin preguntarse por la vivienda, los servicios o el empleo difícilmente podrá garantizar que esas personas permanezcan.
Las herramientas necesariamente serán distintas. En determinadas ciudades hay que hablar de parque público, precios, usos turísticos, oferta residencial, inversión o regulación de mercados sometidos a una enorme presión. En muchos territorios rurales es necesario hablar de rehabilitación, movilización de vivienda vacía, creación de alquiler, transporte, servicios y administraciones capaces de gestionar y acompañar estos procesos.
No son los mismos problemas ni requieren exactamente las mismas respuestas, pero tampoco pertenecen a conversaciones completamente separadas.
El objetivo de una política territorial no debería ser decidir dónde tiene que vivir la población. No debería consistir en decirle a quien no puede pagar Madrid que se vaya a un pueblo ni en poner trabas a aquel que quiere quedarse en su pueblo. Debería ampliar las posibilidades materiales de elección: que la renta no expulse sistemáticamente a quien quiere permanecer en una ciudad, que quedarse en un pueblo no dependa de haber heredado una casa habitable, que regresar no obligue a renunciar a una profesión y que marcharse tampoco se interprete como un fracaso colectivo.
Así que decir simplemente “iros a los pueblos” no resuelve esa contradicción. En buena medida, simplemente la desplaza de un punto del mapa a otro.