En total se han llevado a cabo 269 actuaciones en diferentes espacios naturales (Foto: Guardia Civil)

La investigación se enmarca en la operación Antitox, que persigue el uso de tóxicos y otros medios no selectivos de caza. La mayoría de las presas son zorros, lobos, conejos y jabalíes. Algunas estimaciones cifran en 185.000 el número de animales muertos por veneno entre 1992 y 2013.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Antitox’, desarrollada durante este año 2017 con el objetivo de perseguir el uso ilegal de venenos y otros medios no selectivos de caza –como cepos, jaulas trampa, redes o lazos– han llevado a cabo 269 actuaciones en diferentes espacios naturales, terrenos cinegéticos, explotaciones ganadero-agrícolas y establecimientos de venta de fitosanitarios de 24 provincias, entre ellas Cáceres.

Según han concretado a Europa Press fuentes de la investigación, en Galicia se llevaron a cabo 18 inspecciones en la provincia de Ourense, que supusieron siete infracciones administrativas por irregularidades en la comercialización de productos fitosanitarios. Además, han confirmado que en la Comunidad gallega no se localizaron animales muertos en este operativo.

En la operación, el Instituto Armado ha procedido a la detención e investigación de 16 personas, la incautación de 214 métodos prohibidos de caza y el decomiso de numerosos productos tóxicos, como aldicarb, carbofurano y estricnina.

También han hallado 79 animales envenenados, entre ellos especies “especialmente protegidas como el águila imperial, el buitre negro o el milano real”, concreta la Guardia Civil, y la interposición de 34 denuncias en materia de sanidad vegetal, por infracciones a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y legislación cinegética.

La Benemérita recuerda que en el mes de mayo agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres detuvieron a tres personas como responsables de la muerte por envenenamiento de un ejemplar adulto y dos crías de águila imperial cuyo coste de reposición o valor económico fue cuantificado por la administración en 195.000 euros, cuantía que ha sido exigida al autor de los hechos en concepto de responsabilidad civil.

En la actualidad el uso del veneno está prohibido y, además, se encuentra tipificado como delito en el Código Penal con penas de hasta dos años de prisión.

La Guardia Civil recuerda que en España “ha sido una práctica habitual la utilización de venenos para el control de predadores como el lobo, el oso o las aves rapaces, acusados de causar efectos negativos en el sector cinegético o en explotaciones agrarias o ganaderas”. “Como consecuencia de esta práctica, muchas de nuestras especies más emblemáticas fueron llevadas hasta el borde de su extinción”, advierte.

No obstante, esta práctica ilegal “aún se produce con demasiada frecuencia”, añaden las mismas fuentes, que manifiestan que “algunas estimaciones hablan de 185.000 animales muertos por veneno entre 1992 y 2013”. “Y, hoy en día, aún constituye una de las principales amenazas para la supervivencia de especies como el águila imperial, el buitre negro o el milano real”, destacan.

A partir de 2004 iniciativas como la Estrategia Nacional de Lucha Contra el Veneno del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y los diferentes planes autonómicos “han conseguido mejorar la eficacia en la lucha contra el uso ilegal de venenos”, concluye la Benemérita.

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